12 ENERO 2018, DAVID ARÉVALO RUIZ
La filósofa española, Adela Cortina, publicó el pasado año el libro Aporofobia, el rechazo al pobre (Paidós, 2017). En su obra, Cortina profundiza en el término de «aporofobia», vocablo que ella misma había acuñado anteriormente para denominar el miedo a las personas pobres. Esta palabra ha sido ahora catapultada por la decisión de la Fundación del Español Urgente (Fundéu) de nominarla como la palabra del año y de la inclusión de aporofobia en el diccionario de la Real Academia Española. Ese miedo a los pobres puede ser una de las causas por la que varios países del mundo han impulsado el control de la natalidad de sus sociedades. Sin embargo, el punto de mira siempre apunta hacia los estratos sociales más bajos.
El último caso notorio de este proceso y uno de los más flagrantes que han ocurrido en la historia reciente es el que se investiga desde hace 14 años en Perú y cuya causa fue archivada el pasado mes de julio por la fiscal del Estado, Marcela Gutiérrez. En Perú, entre 1996 y 1998 se realizó una campaña coercitiva de esterilizaciones contra las poblaciones más pobres del país. Las cifras hablan por sí solas: unas 300.000 mujeres fueron esterilizadas y a 16.000 hombres se les practicó la vasectomía. El perfil de las personas que estaban en el punto de mira del gobierno peruano, presidido en aquel momento por Alberto Fujimori, era muy concreto y conciso: mujeres pobres, indígenas y que residieran en lugares apartados de las grandes urbes del país. La forma que utilizaron las autoridades peruanas para llevar a cabo su macabro plan fue presionar a los responsables médicos de las esterilizaciones y a las personas que las sufrían, mentir continuadamente para alcanzar su propósito e incluso llegar a forzar a las mujeres que en muchas ocasiones estaban embarazadas en el momento de la esterilización.
Fujimori ha vuelto a ser noticia tras el «indulto por motivos humanitarios» establecido por el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien está siendo investigado por un supuesto caso de corrupción derivado de una relación ilegal con la cuestionada empresa brasileña, Odebrecht. El indulto se ha producido envuelto de una gran polémica por el hecho de que Fujimori no cuenta con las condiciones de salud habituales para un indulto. Sin embargo, el expresidente peruano parece que tampoco tendrá que preocuparse por su involucración en la serie de esterilizaciones forzadas ya que la fiscal también lo exculpó del caso en 2015 tras ser denunciado por las asociaciones de víctimas.
El asunto legal queda en este momento en manos de una posible reapertura del caso tras la apelación de las víctimas. Sin embargo, este escenario hace recordar el interés de aquellos que ejercen el poder de acabar con la pobreza a través de prácticas eugenésicas. Estados Unidos fue el primer país que llevó a cabo esterilizaciones masivas en el inicio del siglo XX. Entre 1909 y 1950, unas 20.000 personas procedentes de instituciones mentales fueron esterilizadas en California. La Alemania nazi de Hitler también realizó este tipo de práctica al punto de afectar a más de 400.000 personas. Los cínicamente llamados «Cuerpos de Paz» estadounidenses también ejercieron las esterilizaciones forzadas en Bolivia. Otros países como Puerto Rico, Suecia, Uzbekistán o Australia han tenido episodios del mismo tipo. Lo que sorprende es que estas aberraciones de los Gobiernos hayan tenido siempre la misma dirección: las personas más maltratadas por las administraciones que deberían haberlos protegido.
Las esterilizaciones masivas y forzadas tienen su causa principal en los intentos funestos de los Gobiernos para «reducir la pobreza». Giulia Tamayo, activista peruana que trabajó con las zonas más afectadas del país latino, relataba los fundamentos que llevaron a esta oleada de esterilizaciones: «Era más barato esterilizar mujeres que invertir en anticoncepción y educación. Era la forma más rápida para reducir los indicadores de mortalidad materna y la tasa de natalidad, que se veían mal para el Banco Mundial, para todos los criterios de modernidad. La tasa de fecundidad tenía que ser reducida drásticamente. Y eso entraba dentro de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional». Por tanto, las instituciones supranacionales también deberían analizar sus políticas y las consecuencias del desarrollo impuesto a algunos países que, para lograr el fin de la pobreza, necesitan ejecutar acciones de base y no tratar de maquillar las cifras coaccionando a las mujeres.
No obstante, las prácticas eugenésicas son perseguidas y ocultadas a la ciudadanía. Lo que no es ocultado es un incipiente pensamiento que se presenta como si fuera nuevo pero que parte de las ideas propuestas por Estados Unidos desde el inicio del siglo XX. El control de la natalidad se ha convertido en una herramienta electoral en aquellos países en los que se produce una gran diferencia en el índice de natalidad de sus comunidades menos desarrolladas respecto a las más ricas. En Colombia, por ejemplo, algunos líderes políticos han planteado el control de la sociedad basándose en los datos que aseguran que las personas de estratos más altos no llegan a los dos hijos por pareja mientras que en las comunidades más pobres el índice se sitúa en torno a los cinco hijos. Sorprendentemente, son los partidos de izquierdas y las posiciones más progresistas los que se plantean impulsar este camino.
Desde el control de natalidad impuesto por las autoridades estatales a las esterilizaciones masivas no hay una distancia tan extensa como para no estar alerta. Además, la ciudadanía debe preguntarse si detrás de las cínicas causas que se ofrecen por parte de las autoridades, basadas en la reducción de la pobreza y el desarrollo económico del país, no se esconde un argumentario hundido en el clasismo y en la aporofobia.
Quienes realizan las políticas del país suelen tener miedo a los pobres por dos causas: porque no los conocen y porque son muchos más. No obstante, para acabar con la pobreza parece mucho más coherente tratar de imponer mecanismos que repartan la riqueza enormemente concentrada, en lugar de reducir el número de quienes tienen poco o nada y prolongar su aislamiento de las políticas públicas.
Tomado de Red Filosófica del Uruguay
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