El politólogo estadounidense Gene Sharp argumenta sobre la posibilidad de implementar estrategias de “acción no violenta” en las que no se necesita la fuerza bruta para hacerse con el poder. Esto se debe a que “la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado (…) Nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas”[1]. Esta concepción se asocia a las nociones de poder blando y poder inteligente desplegadas durante los gobiernos de Obama. Uno de sus ideólogos, Joseph Nye, entiende al poder blando como la capacidad de recurrir a otros medios diferentes a los militares para lograr los objetivos de política exterior a través de la “atracción” en lugar de la coerción[2].
A continuación se presentan los tres golpes blandos que han tenido éxito en América Latina, durante el siglo XXI, según las expectativas de las minorías privilegiadas y partidos políticos opositores locales asociados a intereses transnacionales y guiados por los mandatos -oficiales y extraoficiales- de la política exterior estadounidense[3].
Los grupos que tradicionalmente han ostentado el poder económico y político en Honduras, Paraguay y Brasil consiguieron utilizar la institucionalidad del Estado de Derecho en contra de gobiernos que cometieron la osadía de cuestionar el status quo interno y externo en favor de las mayorías. Estos tres golpes han demostrado que el diseño institucional de nuestros sistemas políticos formalmente democráticos y representativos sigue siendo permeable a la capacidad de dominio de las minorías privilegiadas: ya no parece ni necesario ni adecuado usar la fuerza para quitarle el poder del Estado a gobiernos que resultan incómodos. Basta que la correlación de fuerzas políticas en al menos dos de los tres poderes del Estado sea favorable al cambio en la jefatura del Ejecutivo para que cualquier acción de gobierno termine considerándose como delito. Con la gran prensa de aliada maquillando la realidad a favor de dicho propósito y el condicional apoyo de los poderes financieros e industriales extranjeros –sobre todo estadounidenses-, sólo es cuestión de generar y utilizar la oportunidad más adecuada. Este ha sido el gran hallazgo golpista de siglo XXl.
El golpe en Honduras
Contexto
Manuel Zelaya, político de carrera del Partido Liberal de Honduras, fue elegido presidente de Honduras en el 2005. Zelaya no provenía de sectores radicales ni se caracterizaba por una trayectoria en este sentido. En efecto, durante sus primeros dos años en la presidencia siguió las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI)[4]. Sin embargo, también durante su gestión y en el contexto del impacto de la crisis capitalista iniciada en 2008 (disminución de ingresos por exportaciones y remesas) planteó medidas destinadas a la mejora de la calidad de vida de sectores de la población hondureña históricamente postergados. En este sentido se orientaron los acuerdos con el ALBA, que incluyeron programas de alfabetización y asistencia médica gratuita, una línea de crédito a pequeños productores rurales y planes de vivienda. A esto se sumó un acuerdo con Petrocaribe y la compra de petróleo a PDVSA a precios muy accesibles, en perjuicio de las transnacionales como Shell, Exxon o Texaco. Otras medidas “controversiales” (para el orden instituido) fueron el aumento salarial y el inicio de una reforma agraria para otorgar títulos de propiedad de tierras ociosas de terratenientes y grandes empresas a miles de campesinos[5].
En este escenario, el presidente Zelaya propuso transformar la base militar estadounidense situada en Palmerola, en un aeropuerto comercial y buscar la relocalización de la base en otra zona del territorio hondureño. Estas decisiones fueron apartando a Honduras de su alineación a la política económica y de seguridad estadounidense, trazada en el Plan Puebla Panamá luego refundada en Proyecto Mesoamérica.
Además de estas acciones que comenzaron a perjudicar intereses de grupos económicos con histórico poder de decisión a nivel local, e intereses extranjeros, Zelaya propuso una consulta a la ciudadanía sobre la conformidad de que se convocara a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, especialmente el sistema bipartidista. Esta consulta popular que sería llevada a cabo en el marco de las elecciones presidenciales en noviembre de 2009 desencadenó el golpe de Estado[6].
La Corte Suprema de Justicia declaró que la acción de consulta era ilegal, habilitando al Ministerio Publico y al Tribunal Supremo Electoral a secuestrar el material que serviría para realizar la consulta, desatando la movilización de los sectores que apoyaban a Zelaya en el proceso de consulta. Para evitar la “radicalización” de estos sectores, la oligarquía propició un golpe de Estado a manos de la cúpula de las Fuerzas Armadas (lideradas por el general Romero del Bosque), que secuestraron a Zelaya el 28 de junio de 2009 y lo llevaron a la base militar estadounidense de Palmerola para enviarlo al exilio a Costa Rica[7]. Al día siguiente Zelaya anunció desde San José de Costa Rica su intención de regresar a Honduras, pese a que las autoridades de facto amenazaron con apresarlo.
A partir de las medidas económicas y sociales implementadas por Zelaya, buena parte del movimiento popular, incluyendo las tres centrales sindicales, la Coordinación de la Resistencia Popular (CNRP) y el Bloque Popular e incluso el partido Unificación Democrática (UD) se alinearon a Zelaya. Esto fue proporcional a la disminución del apoyo de parte de su propio partido, situación esperable pues el PLH al igual que el Partido Nacional de Honduras (PNH) representan el orden bipartidista conservador. De hecho, luego de ser derrocado Zelaya, debía asumir su puesto el vice presidente Elvin Santos, del PLH. Sin embargo, renunció a su puesto dejando vía libre a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, que asumió el cargo luego de que el Congreso de la República legalizara la revocación de Zelaya. Vale aclarar que la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y la Comisión de Derechos Humanos, aprobaron esta decisión.
Justificaciones del golpe
La justificación articulada por tales instituciones fue que separaron a Zelaya de su cargo para evitar que se perpetuara en el poder[8]. Violando la Constitución, el Congreso Nacional emitió el Decreto N° 141-2009, el 28 de junio ordenando separar a Zelaya de su cargo y nombrar presidente a Micheletti “por el término que falte para terminar el período Constitucional y que culmina el 27 de enero de 2010”[9].
Papel de los organismos internacionales
Inmediatamente, los países miembros del ALBA, del Sistema de Integración Centroamericana y el Grupo de Río acordaron aislar política, diplomática y comercialmente al gobierno de Micheletti. Venezuela dejó de enviar petróleo al país. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución pidiendo el restablecimiento del presidente hondureño. En los primeros días de julio, los embajadores de la Unión Europea en Honduras abandonaron el país y la OEA suspendió a Honduras mediante la aplicación de la Carta Democrática[10]. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo congelaron sus préstamos. Luego de que el 5 de julio se impidiera el aterrizaje del avión venezolano que llevaba a Zelaya de regreso a Honduras con el representante de la Asamblea General de la ONU[11], el presidente costarricense Oscar Arias asumió como mediador en la crisis, a sugerencia del gobierno estadounidense. La mediación puso al mismo nivel de negociación a Zelaya y a los golpistas, dando un amplio margen al gobierno ilegítimo de Micheletti. En septiembre de 2009, Zelaya logró ingresar al país y se refugió en la embajada de Brasil en Tegucigalpa como presidente legítimo en exilio. Las fuerzas golpistas asediaron la representación diplomática hasta su salida a República Dominicana el 27 de enero de 2010[12].
Papel de los medios de comunicación
Con respecto al rol de los medios de comunicación, los sectores que se oponían a la consulta popular, futuros golpistas, se sirvieron de la prensa para imponer la idea de que el Presidente Zelaya pretendía buscar una Asamblea Constituyente para continuar en el poder. Asimismo, fue fundamental el papel de los medios de comunicación en relación a la invisibilizacióndel proceso anterior a la noche del golpe, dando escasa cobertura, por ejemplo, al atentado que sufrió el mismo Zelaya el 12 de junio[13]. Además, la prensa internacional, destacándose El País de España, reprodujo la versión de los medios hegemónicos locales, de que la Consulta Popular era para la reelección de Zelaya, quien deseaba “perpetuarse en el poder”[14].
Papel de las Fuerzas Armadas y del gobierno estadounidense
Las Fuerzas Armadas jugaron un rol primordial, similar al rol asumido en Golpes de Estado durante la Guerra Fría, obrando con el consentimiento de sectores civiles con amplio poder de decisión política. Estados Unidos jugó un papel crucial, caracterizado por una doble postura. En términos oficiales el gobierno de Obama no aprobó el gobierno de Micheletti e incluso afirmó que Zelaya era el presidente de Honduras; asimismo, en septiembre, EEUU bloqueó un préstamo a este país y revocó las visas de Micheletti y otros golpistas[15]. Sin embargo, con el paso de los meses fue ablandando esa postura, hasta considerar legítimas las elecciones de noviembre de 2009 en las que triunfó Porfirio Lobos del PNH. Por otra parte, al fracasar las negociaciones inauguradas por Arias, Estados Unidos envió al Secretario Adjunto para Asuntos de América Latina, Thomas Shannon a ultimar los acuerdos. Shannon dejó en manos del Congreso la decisión de la restitución de Zelaya. El Congreso votó la medida contraria. Tanto la mediación de Arias como el rol ambiguo jugado por el Departamento de Estado, arrojaron dudas sobre la real intención de restituir a Zelaya en el gobierno. Más tarde se publicó material que dio cuenta del apoyo del gobierno estadounidense a los sectores golpistas. En una entrevista, el ex presidente Zelaya se refirió del siguiente modo al rol jugado por los EEUU: “los Estados Unidos orquestaron el golpe de Estado. Disocio al pueblo norteamericano de sus dirigentes. Me refiero al lobby militar-industrial y mediático-financiero que tiene las riendas del poder en Washington (…) El golpe de Estado se planificó en Miami con el apoyo de Washington y del Comando Sur mediante las personas que mencioné, como Otto Reich, Roberto Carmona y Roger Noriega, en colusión con la oligarquía hondureña y algunos parlamentarios del país”[16].
Principales medidas del gobierno de Micheletti
Curiosamente, las primeras medidas tomadas por el gobierno de facto de Micheletti fueron dirigidas contra Venezuela. El 16 de julio de 2009, el gobierno de facto de Micheletti demandó al gobierno de Venezuela ante la ONU y el 23 de julio expulsó a diplomáticos venezolanos de Honduras[17]. Asimismo, una de las primeras medidas de Porfirio Lobo fue retirar a Honduras del ALBA. En general, el gobierno de Lobo y el de Orlando Hernández que lo sucedió, tendieron a apuntalar medidas neoliberales. Esto dejó sus huellas. Honduras fue uno de los dos países latinoamericanos que aumentaron sus índices de pobreza entre 2009 y 2011. Una parte esencial del paquete de medidas neoliberales recomendadas por el FMI y aplicadas por Porfirio Lobo, produjeron el sistemático desmonte de derechos adquiridos por la clase trabajadora conseguidos después de décadas de lucha. Honduras está calificado como uno de los países más peligrosos del mundo: asesinatos, narcotráfico, robos y extorsión son parte de la cotidianeidad de las y los hondureños[18]. En 2014 Honduras era el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, es decir con más de siete mil muertes violentas por año, casi 12 veces el promedio mundial (6.9 homicidios)[19].
Lo anterior se vincula a un hecho irrefutable: la represión y militarización agudizadas a partir del golpe no han mermado. El Comando Sur de Estados Unidos, en los hechos, opera desde Honduras, en su base en Palmerola. El asesinato selectivo de líderes y militantes de partidos políticos y movimientos sociales se ha naturalizado. Un ejemplo de ello es el reciente asesinato de Berta Cáceres.
Próximas elecciones presidenciales
Manuel Zelaya logró regresar a Honduras y fundó el partido político Libertad y Refundación (LIBRE) en el marco del cual su esposa, Xiomara Castro, se presentó a elecciones en 2013, quebrando el tradicional bipartidismo. En mayo de 2016 Zelaya confirmó que se presentará como candidato de su partido en las próximas elecciones presidenciales[20]que están previstas para noviembre de 2017.
El golpe en Paraguay
Contexto
Luego de 61 años de una ininterrumpida hegemonía del Partido Colorado -35 de los cuales correspondieron a la dictadura militar de Alfredo Stroessner, quien gobernó desde 1954 a 1989- Fernando Lugo, quien fuera sacerdote y obispo ligado a los sectores campesinos, ganó las elecciones en 2008. Lugo no había tenido participación en la política sino hasta el año 2006, cuando lideró una multitudinaria manifestación de alrededor de 40.000 campesinos en contra del gobierno del ex mandatario Nicanor Duarte Frutos.
De esta forma, se convirtió en la cara visible de un conglomerado de movimientos sociales y partidos políticos que recorrían todo el arco ideológico con el objetivo central de sacar del gobierno al Partido Colorado, que parecía haberse convertido en el Estado mismo. Así, la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) llevó al gobierno al ex obispo Fernando Lugo como presidente y al liberal Federico Franco como vicepresidente. La fórmula presidencial ganó con el 40,8% de los votos, aunque los colorados se quedaron con la mayoría legislativa.
Una de las promesas centrales de la campaña electoral de Lugo fue la implementación de una Reforma Agraria, para ello propuso la conformación de una comisión que tratara el tema conformada por la Federación Nacional Campesina (FNC) -liderada por el campesino Odilón Espíndola- y por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert)-encabezado por Alberto Alderete[21]. La problemática campesina siguió avanzando hasta desembocar en el desalojo de tierras llevado a cabo en la localidad Marina Kue, en 2012, que culminó con la muerte de once campesinos y seis policías, conocida como la “Masacre de Curuguaty”, que desencadenó el derrocamiento constitucional que puso fin al gobierno de Lugo[22].
Podría decirse que en el gobierno de Lugo cabían todos: liberales conservadores, colorados disidentes, empresarios, ganaderos, izquierdistas y anticapitalistas[23]. Así, la política se fue balanceando entre los intereses de unos y de otros. Para comprender esta “diversidad”, hay que considerar la composición de la coalición Alianza Patriótica para el Cambio que lo llevó al gobierno, aspecto que es clave también para comprender su apresurada –y forzada– retirada.
Bajo la aparente idea de alternancia y cambio, la Alianza Patriótica para el Cambio se conformó como una coalición que reunía a muy diversos partidos y organizaciones sociales y políticas alrededor de la figura de Fernando Lugo, sin que eso significara un alineamiento sólido a su persona. La Alianza estaba conformada por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Encuentro Nacional, el Partido Frente Amplio, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Movimiento al Socialismo, el Partido País Solidario, el Partido Revolucionario Febrerista, el Partido Social Demócrata, el Partido Socialista Comunero, el Movimiento Ñembyaty Guasú, el Bloque Social y Popular, Colo´oApytere, ERES, Mujeres por la Alianza, el Movimiento Tekojojá y otros [24].
El gobierno de Lugo mostró importantes dificultades en el ámbito legislativo, pues como ya mencionamos, había quedado en manos de una mayoría del Partido Colorado. Mientras que en la Cámara de senadores de 45 bancadas 15 quedaron en manos de los colorados, 14 en manos del Partido Liberal Radical Auténtico –partido al cual pertenecía el vicepresidente; 9 curules para el Partido Nacional de Ciudadanos Éticos (PNCE), 4 fueron para el Partido Patria Querida, y el resto se repartió entre País Solidario, Partido Progresista Popular y Tekojojá. Una distribución parecida se obtuvo en la Cámara de diputados, que cuenta con 80 escaños. Los Colorados obtuvieron 29, los liberales 26, 16 el PNCE, y los restantes 9 escaños se repartieron entre partidos menores. Esta distribución obligó a Lugo a negociar apoyo legislativo para intentar llevar adelante sus promesas de campaña. A su vez, esta misma conformación legislativa es lo que permitió un acuerdo entre los actores políticos para destituir al entonces presidente.
A lo largo de su gobierno y debido a los intereses políticos, ideológicos y económicos que representaba la figura del vicepresidente, Lugo se enfrentó, incluso públicamente, a su compañero de fórmula y al entonces presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Blas Llano cuando no le ofreció apoyo a la candidatura. Existía un acuerdo tácito que implicaba una alternancia entre las fuerzas de Lugo y el Partido Liberal Radical Auténtico, pero había importantes discrepancias al interior de este último espacio sobre quién debía liderar las candidaturas de las elecciones, para las que faltaban nada más que 10 meses. Sin embargo, Lugo no mostraba ninguna intención de que este “acuerdo” se concretara.
Justificaciones del golpe
De acuerdo al artículo 225 de la Constitución paraguaya de 1992, el presidente, junto con otros funcionarios, solo puede someterse a juicio político bajo las acusaciones de mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o por delitos comunes. Es la Cámara de Diputados la que inicia el juicio político y es el senado el que juzga. En estas circunstancias todo el proceso destituyente se llevó adelante bajo la reglamentaria observancia de la Constitución.
Lugo fue acusado de cinco cargos: autorización en 2009 de un acto de juventudes izquierdistas sudamericanas en un cuartel militar; instigador y facilitador de invasiones de tierra; acciones “insuficientes” frente a los problemas de inseguridad; firma del Protocolo de Ushuaia II[25] sin la anuencia del Congreso paraguayo y la inacción ante la matanza de Curuguaty. Más allá de estas acusaciones, el retiro del apoyo por parte de su aliado, el Partido Liberal Radical Auténtico, y su unión con su eterno adversario, el Partido Colorado, fue determinante para su destitución. Con respecto a la primera acusación, ni el uso de instalaciones públicas para un encuentro de jóvenes ni el financiamiento para el mismo, puede entenderse como un crimen. En segundo lugar, la Reforma agraria plantea la incorporación de población campesina a las tierras, de esta forma queda sin efecto la segunda acusación. Respecto a la masacre de Curuguaty, la complejidad del escenario se correspondía con cuestiones estructurales y coyunturales que excedían a la toma de decisión presidencial, abarcando al aparato político y de seguridad en su conjunto[26]. Por último, las acusaciones están basadas en argumentos sin pruebas[27].
El 21 de Junio de 2012, 76 diputados votaron a favor del juicio político. Ese mismo día por la tarde el Senado se constituyó en tribunal. El juicio sería al día siguiente. Si bien en la Constitución paraguaya no se establece la duración ni el tiempo estipulado para ejercer la defensa en caso de juicio político[28], se le otorgó al entonces presidente sólo dos horas para preparar su defensa, pero era obvio que las cartas estaban barajadas de antemano. Lugo dejó el poder y Federico Franco asumió la presidencia interina hasta las elecciones de 2013.
Papel de los organismos internacionales
La Organización de Estados Americanos (OEA) con el entonces secretario general José Miguel Insulza desestimó que en Paraguay se hubiera perpetrado un golpe de Estado, aunque planteó la existencia de dudas respecto a los mecanismos que se llevaron a cabo en torno al “juicio político” que destituyó a Lugo[29]. Al mismo tiempo, convocó a que una delegación del organismo internacional supervisara las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en abril de 2013. A diferencia del organismo internacional, tanto el Mercosur como la Unasur acordaron sancionar al país paraguayo.
Por su parte, el entonces secretario general de la Unasur, Alí Rodriguez Areque, calificó lo sucedido como un Golpe de Estado encubierto y denunció públicamente que se había violado el legítimo derecho a la defensa[30].
En la reunión de Mercosur que tuvo lugar en la provincia argentina de Mendoza, se decidió suspender a Paraguay como socio pleno de dicho organismo.
Papel de los medios de comunicación
Con respecto a los medios de comunicación, es importante señalar que Fernando Lugo, poco tiempo después de asumir creó la Sicom, una secretaría con rango ministerial encargada de regular la comunicación entendida como una herramienta de gestión pública. El objetivo era promover la libertad a comunicar y el derecho a la información. Al asumir Franco la presidencia, una de las primeras cosas que hizo fue intervenir dicho organismo y despedir a periodistas opositores.
Las dos firmas televisivas de mayor alcance nacional y que han jugado un importantísimo rolen la construcción de opinión pública respecto al golpe a Fernando Lugo son ABC color y Última Hora. La primera pertenece al grupo Zuccolillo, tradicional aliado del Partido Colorado; la segunda es del grupo Vierce, dueño de otros canales como Telefuturo, la Tele y otras 10 repetidoras de alcance nacional[31]. El grupo Clarín tiene el 40% de las acciones de esta última firma. La Nación, por su parte es propiedad del político Osvaldo Domínguez Dibb, miembro del Partido Colorado[32]. En este sentido, los medios masivos de comunicación han tenido un papel fundamental en este intríngulis político, donde los intereses políticos primaron frente al derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas.
Papel de las Fuerzas Armadas y del gobierno estadounidense
Si bien las Fuerzas Armadas estaban en manos de ciertos líderes colorados y participaron de alguna manera del conflicto de Curuguaty, el Golpe en Paraguay no estuvo atravesado por la violencia ni por la participación de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos, James Thessin, mantuvo cierta neutralidad frente al conflicto y adoptó la postura del secretario general de la OEA[33]. No obstante, como es sabido debido a publicaciones de Wikileaks, la embajadora anterior, Liliana Ayalde, ya había manifestado en 2009 sus resquemores respecto al gobierno de Fernando Lugo. Asimismo, entre 2005 y 2010 centenares de policías y militares paraguayos fueron entrenados por programas financiados por la USAID y uno de los representes de dicho organismo ya había tenido reuniones con el grupo golpista.[34]Un hecho clave es que el gobierno de Obama declaró públicamente su apoyo a Federico Franco.
Principales medidas implementadas por el gobierno (golpista) de Franco
Una vez que Franco asumió la presidencia, sus principales medidas estuvieron vinculadas a reestablecer el orden tradicional. Reemplazó a todos los funcionarios de la gestión de Lugo. Implementó una política agraria de expreso beneficio a las grandes empresas transnacionales como Monsanto, en perjuicio de los pequeños productores. Al mismo tiempo, desmanteló todos los espacios de Televisión y medios públicos[35].
El Partido Colorado comenzó a preparar su candidato de cara a las elecciones de 2013. El resultado fue un outsider de la política, el empresario megamillonario, Horacio Cartes. La idea de hacer negocios con el Estado será clave para comprender su política de Nuevo Rumbo[36]eslogan atravesado por la gestión y la tecnocracia en contraposición de “la política y la ideología”, que “no funcionaban”.
La Ley de Alianza Público Privada (APP) y la Ley de Responsabilidad Fiscal y una Ley de Seguridad de Inversiones, al mismo tiempo que una Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna son los pilares de la política de Cartes. Con ellas, se busca, por un lado las inversiones del Capital privado y la posibilidad que estos mismos participen de los servicios que provee el Estado y por el otro, el disciplinamiento de las facciones internas. Además dio rienda suelta a la producción transgénica en el sector agrícola.
Próximas elecciones presidenciales (2018)
En el mes de junio de 2016, el Frente Guasú, del cual forma parte Fernando Lugo ratificó la candidatura del líder para presidente de cara a las próximas elecciones de 2018.
El golpe en Brasil[37]
Contexto
Dilma Rousseff, de larga trayectoria política, participó en la resistencia contra la dictadura brasileña de los años ‘60, fue detenida en 1970 y condenada por un tribunal militar permaneciendo en prisión durante tres años. Fue miembro del Partido Democrático Laborista y luego se integró al Partido de los Trabajadores (PT). Participó en los gobiernos de Lula da Silva en diferentes cargos, incluidos algunos vinculados a políticas sociales. El 31 de octubre de 2010 fue elegida presidenta de Brasil, convirtiéndose en la primera mujer en el cargo, que desempeñó a partir de enero de 2011. Fue reelegida en 2014.
Durante su gobierno continuó con las medidas sociales y económicas de reducción de la pobreza implementadas por Lula, con el objetivo de reducir la desigualdad. Entre 2004 y 2014 la pobreza extrema cayó en Brasil en un 89%: 50 millones de brasileños salieron de la situación de la pobreza con el programa gubernamental Bolsa Familia[38]. Pero a diferencia de su predecesor, la administración de Rousseff tuvo circunstancias externas desfavorables. Ya en el año 2014 la economía brasileña mostraba una contracción del 0.6% en el segundo trimestre de este año y comenzó a hablarse de una posible recesión[39]. La crisis económica es sin dudas el telón de fondo de las medidas implementadas por la oposición a su gobierno.
El principal aliado político del PT durante el gobierno de Rousseff -también durante el de Lula- fue el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Este partido es el que mayor cantidad de afiliados posee y se ha movido durante dos décadas como un partido “comodín”, que puede aliarse con partidos de las más disímiles posturas ideológicas y programáticas ofreciendo apoyos políticos a cambio de cargos. Esta estratégica alianza comenzó a mostrar sus fisuras ya desde el inicio del segundo mandato de Rousseff. Primero, fue Eduardo Cunha quien rompió con la Presidenta y comenzó a operar como opositor desde la Presidencia de la Cámara de los Diputados y, segundo, el Vicepresidente Michel Temer, inicialmente manifestó su malestar con el supuesto rol “figurativo” en el que lo dejaba la Presidenta y luego impulsó la salida de su partido de la base aliada del gobierno. La estrepitosa caída de la popularidad del gobierno a poco de comenzar, fue uno de los aspectos que aceleraron el cambio en la correlación de fuerzas políticas, la que implicó que muchos parlamentarios -a instancias de Cunha- dejasen de apoyar las propuestas legislativas que enviaba el Ejecutivo con la finalidad de seguir desgastando la imagen presidencial. Por su parte, el principal partido opositor, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), tejió importantes acuerdos de desestabilización con el propio PMDB, esperando con esto obtener un espacio de poder perder con el PT cuatro elecciones presidenciales consecutivas.
Formalmente, el golpe al gobierno de Dilma Rousseff comenzó el 2 de Diciembre de 2015, cuando el Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB) dio lugar al pedido de juicio político presentado por tres abogados. No era el primer pedido que se presentaba contra la mandataria, pero Cunha había adelantado que si los Diputados del Partidos de los Trabajadores (PT) que conformaban la Comisión de ética no votaban contra la apertura de una investigación en su contra -por haber omitido en su declaración jurada poseer cuentas millonarias en Suiza- avalaría el proceso de impeachment (juicio político). Cunha había roto personalmente con el PT meses atrás, y su partido hizo lo mismo a finales del pasado marzo, a instancias de Michel Temer, por entonces Vicepresidente de la República. Lo significativo de esta ruptura fue que Temer no renunció a la Vicepresidencia, como tampoco lo hicieron seis ministros del PMDB. De este modo, una vez aprobado el proceso de impeachment por las dos Cámaras, el Vicepresidente opositor se convirtió en Presidente interino. Hasta aquí, el Parlamento y un sector del mismo Poder Ejecutivo fueron los actores institucionales más relevantes del golpe. Sin embargo, el Poder Judicial no fue ajeno a esta trama: una de sus principales actuaciones en este golpe fue la de demorar el tratamiento de las denuncias sobre Eduardo Cunha presentadas por partidos aliados al gobierno respecto de sus cuentas no declaradas. Entre otras controvertidas acciones u omisiones, ésta fue la que permitió que Cunha siguiese conduciendo la Cámara y operara como oposición política a Rousseff hasta que culminó su labor de habilitar el juicio. Tras ello, fue apartado de la Presidencia.
Justificaciones del golpe
Para la legislación brasileña, sólo la comisión de un “crimen de responsabilidad” es lo que permitiría iniciar un juicio político. La denuncia de crimen de responsabilidad aceptada por Cunha se fundamentaba en dos acciones cometidas por la Presidenta: 1) la supuesta “operación de crédito” vinculada al Plan Safra -programa del Ministerio de Desarrollo Agrario- mediante la cual se habrían realizado operaciones contractuales con el Banco de Brasil por retrasos en los pagos y 2) la autorización de seis créditos/partidas suplementarios por decreto -sin autorización del Congreso- supuestamente violando la legislación presupuestaria. Muchos elementos de la denuncia permiten afirmar que ninguna de estas dos acciones constituye un crimen de responsabilidad. Pero, además, cuestiones procedimentales del tratamiento de la denuncia ameritan la nulidad del proceso de impeachment en curso -destacándose la pronunciación favorable a la destitución mucho tiempo antes de los alegatos de la defensa por parte de numerosos Diputados y Senadores, y las razones del voto afirmativo totalmente ajenas a la denuncia, como “por mi nieto” o “por los agro negocios”.
Papel de los organismos internacionales
En todo este proceso de golpe de Estado, ha sido la Unasur el organismo internacional que denunció con mayor énfasis la ilegalidad del proceso en curso. Su titular, Ernesto Samper, manifestó su absoluta preocupación por la falta de garantías constitucionales en el juicio que se lleva a cabo contra la Presidenta. Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, manifestó en varias oportunidades su preocupación por lo que estaba sucediendo en Brasil, en tanto, según él, no había claridad jurídica en el proceso de impeachment. En este sentido también apuntó el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas, quien fue más allá de la preocupación y afirmó que existen elementos propios de un Estado de excepción en el proceso, mencionando las similitudes con los golpes en Honduras y Paraguay. Sin embargo, la OEA no emitió un pronunciamiento conjunto al respecto: mientras su Secretario General, Luis Almagro, manifestó que el juicio que se lleva a cabo carece de fundamentos legales y que iba a hacer una consulta sobre el tema a la CIDH, el representante estadounidense en dicho organismo señaló que no había motivos para alarmarse en tanto las instituciones de Brasil son sólidas. Otros miembros de dicho organismo internacional fueron claramente contundentes en su condena, como El Salvador, Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Ecuador.
Papel de los medios de comunicación
La prensa fue un actor de extrema importancia en la cocina del golpe. Por un lado, los principales medios de comunicación concentrados recrudecieron su campaña contra la Presidenta una vez que su candidato a la Presidencia en 2014 perdió por pocos puntos. A partir de allí, diarios como Folha y Estado de Sao Paulo, revistas de gran alcance como Veja e Istoé, así como la gran corporación Rede O Globo, comenzaron una feroz política de desprestigio hacia el gobierno y, sobre todo, hacia las figuras de la Presidenta y del ex mandatario Lula Da Silva. El principal éxito de esta campaña fue conseguir que buena parte de la población identificara al PT como el gran foco de corrupción -tras destaparse el caso conocido como Lava Jato, que vincula a la estatal Petrobras con empresas y políticos-, invisibilizando la participación de políticos de otros partidos. Junto a ello, y la crisis económica que aún aqueja al país, consiguió instalar que la Presidenta era incapaz y débil para conducir políticamente la República. Así, “corrupción e incapacidad” para sacar al país de la crisis fueron dos poderosas ideas que calaron profundamente en la sociedad y llevaron a que la Presidenta viera reducida estrepitosamente su imagen. Esta fue la oportunidad buscada y utilizada por los opositores enquistados en los Poderes Legislativo y Judicial para dar curso al golpe institucional.
Papel de las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas no tuvieron, al menos públicamente, una participación destacada en el proceso de golpe. Precisamente, en el marco del gobierno de Rousseff, las Fuerzas Armadas fueron despojadas de ciertas atribuciones relativas a la dirección y gestión de cada una de las fuerzas, otorgando mayor protagonismo al gobierno civil sobre las mismas, particularmente al Ministerio de Defensa. Existieron, sí, opiniones personales de algunos altos cargos militares respecto al proceso de impeachment, en particular orientadas a apoyar la independencia de los militares respecto de “la política”. Aún así, el Presidente interino anunció la revocación del decreto firmado por Rousseff.
Papel del gobierno estadounidense
La actual embajadora de los EEUU en Brasil, Liliana Ayalde, fue también la embajadora de dicho país en Paraguay hasta poco antes del golpe de Estado a Fernando Lugo. Otro dato no menor es el que reveló recientemente Wikileaks: que el actual Presidente interino fue informante de la CIA, según documentos fechados en 2006. En ellos se indica que Temer intercambiaba datos “sensibles” y “sólo para uso oficial” con la Embajada de EEUU. Esta información era enviada al Consejo Nacional de Seguridad y al Comando Sur. Los documentos filtrados revelan que Temer estaba preocupado por el giro izquierdista del gobierno y, a su vez, ilusionado con que ello generara el descontento suficiente como para que su partido presentase candidato a las elecciones de 2006. Junto a ello, el descubrimiento de las escuchas telefónicas realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a la Presidenta y parte de sus principales funcionarios durante su primer mandato, confirma el enorme interés de los Estados Unidos en la política interna del Brasil, contrastando con su posición oficial de bajo calibre de que “existe confianza en la solidez de las instituciones brasileñas”.
Principales medidas implementadas por el gobierno (golpista) de Temer
Las medidas adoptadas por el gobierno interino de Temer fueron claramente rupturistas respecto de las implementadas cuando éste era Vicepresidente. El giro de timón en las políticas se pudo constatar, primeramente, en la eliminación de Ministerios que formaron parte sustancial de la política inclusiva de los gobiernos del PT: Ministerio de las Mujeres -en consonancia con el gabinete electo, sólo de hombres blancos-, Ministerio de Cultura, de Desarrollo Agrario, de Igualdad Racial y Derechos Humanos. También fueron eliminadas la Contraloría General de la Unión, la Casa Militar y tres secretarías. Asimismo, y sustentado en la necesidad de “pragmatismo” así como en la idea de que la “ideología está fuera de moda”, los lineamientos económicos del nuevo gobierno se orientan al debilitamiento del alcance de las políticas sociales, educativas y culturales y, también, a la reducción de la intervención del Estado en materia económica. La promoción de la inversión privada -incluso en los yacimientos petrolíferos del llamado pré-sal, hasta hace poco de exclusiva explotación estatal-, las reformas a la ley de jubilaciones y pensiones, y el desfinanciamiento de programas sociales como Mi Casa Mi Vida y de la educación pública, son algunos de los principales impactos del “sacrificio” que, según Temer, tendrá que realizar la sociedad brasileña.
Próximas elecciones presidenciales
El pasado 30 de junio, Rousseff declaró que Lula Da Silva se presentará como candidato a las elecciones presidenciales de 2018 como candidato del PT. Se verá en los próximos meses si el Poder Judicial acepta los previsibles reclamos de los golpistas para inhabilitar su candidatura.
Algunas consideraciones finales
El comienzo del siglo XXI en América Latina estuvo atravesado por una oleada de gobiernos progresistas que, en muchos casos, intentaron apuntar hacia una mayor distribución de la riqueza y generar un mayor empoderamiento de las clases subalternas.
Mientras que el siglo XX se caracterizó por su violencia palpable condensada en las Fuerzas Armadas -que perpetraron no sólo instancias destituyentes sino torturas y desapariciones forzadas como mecanismos de disciplinamiento- el siglo XXI se caracteriza por un nuevo modo destituyente. Los medios de comunicación y las alianzas políticas partidarias tejen un entramado de poder, asociados a transnacionales y a sectores internacionales que detentan intereses políticos y económicos de gran alcance. Las democracias formales y sus instituciones ya no son vistas como amenazas sino que son el instrumento perfecto para legitimar la usurpación del Estado.
Las tensiones están planteadas.
Tomado de: https://redfilosoficadeluruguay.wordpress.com
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